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A la atención de: Palacio de Presidencia, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y Cancillería de la República de El Salvador 

Asunto: Petición del Derecho al Voto en el Exterior 

POR CUANTO: 

El artículo 71 manda “Son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de dieciocho años”

El derecho a la representación a través del voto es inalienable a la ciudadanía en su conjunto, salvaguardado en el artículo 72 de la Constitución de la República de El Salvador que literalmente otorga los siguientes derechos: 
            · Ejercer el sufragio;
            · Asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos;
            · Optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias.

Las autoridades competentes están en la obligación de garantizar la libertad y la pureza del sufragio y FACILITAR SU EJERCICIO, según el artículo 4 del Código Electoral.

El voto en el exterior es ya una forma de expresión democrática en otros 97 estados, lo cual pone de manifiesto que la extensión del derecho al voto y a la representación política para poblaciones dispersas, migrantes, o desplazadas de sus fronteras patrias es, además de la norma “standard” en los países libres, un elemento básico para el fortalecimiento de la Democracia y el Estado de Derecho.

COSIDERANDO: 

Que el pueblo Salvadoreño es un “todo” y no “una parte”, que incluye los más de 3 millones de salvadoreños en el exterior. 

Que la población salvadoreña en el exterior constituye cerca o más de la mitad de todo el pueblo salvadoreño y que la gran mayoría, por características propias de la inmigración salvadoreña, es mayor de 18 años de edad, y por tanto cada uno de dicha población es potencialmente miembro legítimo del cuerpo electoral nacional desposeído del derecho a voto y de la representación política en las instituciones, derechos mínimos garantizados bajo nuestra Constitución.

Que el pueblo salvadoreño en el exterior sólo con las remesas de ayuda familiar aporta a la riqueza nacional más de 3,300 millones de dólares anuales, más que cualquier otro sector estratégico nacional, además del impacto económico adicional en sectores claves de la economía nacional como son el sector aéreo, las telecomunicaciones, el turismo, la construcción, la banca, los transportes e encomiendas, entre otros. 

POR TANTO: 

Al estar privados de nuestros derechos más elementales garantizados en nuestra Constitución, y teniendo el derecho y deber como ciudadanos, pedimos y demandamos, por este orden, que 1) la Presidencia de la República, 2) la Asamblea Legislativa, 3) el Tribunal Supremo Electoral, 4) La Corte Suprema de Justicia, 5) La Cancillería, y 6) al resto de las instituciones del Estado se pongan “manos a la obra” y reformen la ley electoral con el propósito de implantar y extender el derecho a voto a la otra mitad del pueblo salvadoreño disperso en el exterior. 


Salvadoreños en el Mundo
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