Alerta Máxima en Suchitoto
Terroristas en Acción. 

Bueno, la polémica esta servida: Los manifestantes tiran piedras y ponen en peligro la vida de los representes del estado, incluido el Presidente Antonio Elías Saca, cosa que el Fiscal general del Estado interpreta como Acto de Terror, mientras que el FMLN interpreta la actuación del Fiscal como un acto de más de represión al pueblo.
Parece que las cosas entre el FMLN y ARENA, partido que controla el Gobierno desde 1988,  están destinadas a seguir tensionándose hasta el infinito.
Acto de terrorista o no, lo que esta claro es que los manifestantes están en la cárcel a espera de ser juzgados como terroristas.

Alerta sobre el terrorismo en El Salvador
Publicado el 09 de julio de 2007 - El Faro

Nueve manifestantes y cinco personas que ni siquiera estaban en la manifestación están detenidos y acusados de terrorismo. Uno de ellos ha sido sobreseído, los demás pasaron a fase de instrucción porque la Fiscalía presentó “argumentos suficientes” para convencer a jueces especiales (¡!) de que existen indicios de terrorismo en las acciones de los detenidos. Tuvieron la desafortunada idea de organizar una protesta contra la privatización del agua en Suchitoto, el mismo día en que el presidente de la República y otros funcionarios realizarían en esa ciudad un evento oficial.

Según los reportes de la Fiscalía, algunos manifestantes arrojaron piedras contra el automóvil del presidente del FISDL, rompiendo los vidrios del vehículo.  Los hechos se dieron en momentos de tensión, después de que policías y militares rodearon la localidad e impidieron la protesta, que se realizaba en un lugar alejado de donde el mandatario desarrollaría su evento. 

Circunstancias aparte, la policía actuó correctamente deteniendo a quienes arrojaron piedras, una acción tipificada como delito y que no puede permitirse en el curso de una manifestación social. 

Pero de ahí a acusar a 14 personas de terrorismo hay un mundo, y varias décadas de prisión, de diferencia. Cuatro de las personas, incluyendo a la directora de una ONG que acompañaba la manifestación, y la comunicadora de la organización, fueron detenidas en la carretera, antes de llegar a Suchitoto, en un acto arbitrario y sin justificación. También están acusadas de terrorismo. Una quinta persona, que abogó ante la policía por la liberación de los detenidos en la carretera, también fue detenida.

En Estados Unidos, en abril de 2006, pasó algo similar. El presidente Bush llegó al campus de la Universidad de Stanford para reunirse con académicos de un tanque de pensamiento universitario.  Se encontró con más de mil manifestantes que le impidieron el paso, y terminó cambiando el lugar de su reunión a la casa privada de uno de los invitados. Ese día hubo tres detenidos por obstaculizar el trabajo policial.  Fueron liberados el mismo día y enfrentaron después las acusaciones en su contra.  Pero a pesar de que impidieron el paso del mandatario y le obligaron a cambiar su agenda, a nadie siquiera se le ocurrió hablar de terrorismo.  Allá, con un gobierno duramente criticado por violentar y limitar las libertades y el Estado de Derecho, esa palabra se reserva para quienes estrellan aviones contra edificios o planifican atentados contra la ciudadanía.

Aquí, a falta de terroristas de verdad, la Fiscalía decidió absurdamente acusar a los manifestantes de un delito gravísimo que podría acarrear a los imputados hasta 60 años de cárcel. El día de la manifestación, el presidente Saca llegó tranquilamente en su helicóptero, aterrizó sin que nadie lo molestara y de igual forma alzó el vuelo después.

La Fiscalía ha basado su surrealismo judicial en un artículo de la ley especial contra el terrorismo que entró en vigor el 25 de octubre de 2006. El artículo en cuestión dice: “El que ejecutare un acto contra la vida, la integridad personal, la libertad o seguridad de una persona internacionalmente protegida, de los Presidentes de los tres Órganos del Estado o quienes hagan sus veces y de los demás funcionarios públicos o autoridades públicas; o contra sus familiares que habiten en su casa, cuando dichos actos hubieren sido cometidos en razón de las funciones del cargo o actividades que esas personas ejercieren, será sancionado con prisión de cuarenta a sesenta años”.

Pero la misma ley, en el artículo primero, define las actividades terroristas como aquellas que “por la forma de ejecución, medios y métodos empleados, evidencien la intención de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro inminente o afectar la vida o la integridad física o mental de las personas, bienes materiales de significativa consideración o importancia, el sistema democrático o la seguridad del Estado o la paz internacional; todo lo anterior, con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos”.

Nada de esto cabe en la acusación. Ni se puso en peligro la seguridad del Estado ni la paz internacional; ni los hechos, al menos los de los manifestantes, evidenciaron la intención de provocar estados de alarma o terror en la población.

La acusación atenta gravemente contra las libertades civiles. En un país donde un manifestante puede ser acusado de terrorista no hay libertad ni de expresión ni de organización ni de protesta, y se vive por tanto bajo un régimen autoritario y violatorio de los derechos humanos, donde los delitos más graves son imputados de manera arbitraria y a la medida de fiscales y autoridades.

¿Que los manifestantes tienen derecho a tirar piedras y atentar contra al propiedad privada? No. Y merecen ser castigados por ello. Pero si la justicia no es capaz de distinguir entre alguien que arroja una piedra en una marcha y alguien que planifica una explosión; entre un sindicalista y Osama bin Laden, entonces las leyes salvadoreñas, y el sistema judicial, no tienen ninguna utilidad.