Comparto con Uds. la columna que me encontré en el faro.net

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El Ministro de Seguridad respondió a un informe de Naciones Unidas sobre la alarmante impunidad del país con una trampa retórica: acusó a sus autores de sesgo ideológico, a pesar de que el estudio está basado en datos oficiales, para así librarse de los señalamientos en contra de un sistema de seguridad que él ha comandado durante la presente administración.

Es irónico que lo diga, precisamente, alguien que es al mismo tiempo el máximo responsable de la seguridad y vicepresidente de ideología de su partido. Si se juzgan los informes por las afinidades ideológicas de la fuente, tal como ha pretendido Figueroa, sus propios informes carecerían de toda credibilidad.

Ciertamente, como ha dicho el jefe de la Policía Nacional Civil, el informe del PNUD está basado en cifras del año 2005, cuando los encargados de la seguridad, comandados por el Ministro Figueroa, impulsaban aún los programas de Mano Súper Dura que terminaron por favorecer a las organizaciones criminales, según el propio director policial. Cierto es también que esos planes ya no se llevan a cabo y que la Policía, a pesar de no contar con el presupuesto necesario, ha hecho algunos avances en la investigación del delito.  Son insuficientes porque las cifras de asesinatos no han cambiado significativamente, pero sería lógico pensar que, de tener a la mano datos actualizados, el informe presentaría un panorama un poco más favorable a las instituciones encargadas de impartir seguridad y justicia.

Pero esos datos no están disponibles, porque el Ministerio de Seguridad no los tiene actualizados y porque aún es imposible obtener cifras homologadas entre la PNC, la Fiscalía y Medicina Legal. Cuando el Ejecutivo acusa a los autores del informe de basarse en cifras obsoletas no está contemplando que  eso, también, se debe a que no hay otros datos disponibles.

El verdadero sesgo ideológico no está en el informe que presentó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sino en la respuesta del Ministro Figueroa.

El sistema de seguridad requiere de una estrategia concertada, con la que aún no se cuenta; requiere de la responsabilidad de los funcionarios encargados y de todas las fuerzas políticas en hacer todo lo necesario para paliar la crisis de inseguridad que sufre el país. Pero esto, desafortunadamente, no está sucediendo.

Cuando el director de la policía admite, como hizo en este medio hace dos semanas, que recibe llamadas de atención por colaborar con alcaldías de la oposición, y anuncia que se retirará antes de que inicie la campaña electoral porque ya no podrá hacer su trabajo, está también revelando el conflicto de intereses que dificulta el combate al crimen.

Cuando la fiebre electoral se ha adueñado ya de las principales fuerzas políticas, el presidente del partido ARENA (y de la República), y el vicepresidente de ideología (y Ministro de Seguridad) tienen la obligación partidaria de evitar cualquier cosa que afecte sus posibilidades de una victoria electoral en 2009, y esto no es compatible con su función en el gobierno.

Si el Ministro Figueroa quiere realmente hacerle un servicio al país, es necesario que decida pronto si quiere continuar a cargo de la seguridad nacional o dirigiendo los mensajes partidarios. La seguridad es una tarea urgente y no puede darse el lujo de quedar sometida a las especulaciones electorales de un partido. Necesitamos cifras confiables, planes nacionales de combate al crimen, mayor coordinación entre todas las instituciones encargadas de impartir justicia, una política carcelaria coherente con la realidad nacional y la colaboración de todos. La campaña puede esperar. El combate a la inseguridad no